ASPECTOS JURIDICOS DEL TRANSPORTE  FRENTE AL COMERCIO INTERNACIONAL

Por:  Ing. MBA Edgar G. Correa Perea

correa.edgar@gmail.com

Un factor de enorme importancia  para la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales, así como la conservación de las propiedades económicas de los productos que entran al país, es el transporte interno, representado especialmente  por el transporte automotor de carga, cuyos servicios son prestados  por cerca de cien mil camiones, de los cuales aproximadamente de 12% son tractocamiones, con una capacidad de carga útil promedio de 32 toneladas por vehículo, con elevados costos de operación gracias al retrazo en la infraestructura vial pero también, a la ineficiente gestión de la capacidad transportadora.

Dentro de los principios del transporte público estipulados en la Ley 105/93, art. 3º; se define  éste como una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica…”.  Dice en el literal d) del parágrafo 1o, “…las autoridades competentes deben diseñar y ejecutar políticas dirigidas a fomentar el uso de medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados, de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de transporte masivo…”, y dice mas adelante en el parágrafo 6º,  “…el Gobierno establecerá los lineamientos para que el transporte de carga se lleve acabo bajo condiciones de seguridad y eficiencia….”. Hasta aquí se entiende  que el Estado promueve la racionalización, lo que significa en otras palabras la gestión optimizada de los recursos, con el objetivo de minimizar costos y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.

De lo anterior se infiere que el prestador de servicios debe optar por la realización de una gerencia efectiva de los recursos, utilizando el talento humano  y las tecnologías apropiadas para lograr resultados excelentes de la operación transportadora. Eso implica que las empresas deben trabajar en condiciones de libertad total para la gestión de sus costos de operación y  rentabilidad para sus inversionistas,  siendo estos los accionistas y los propietarios de los vehículos.  Si la operación es eficiente, esta racionalización de recursos en consecuencia se trasladará al usuario de transporte y al consumidor final en condiciones de precios competitivos.

Otras normas jurídicas contradicen los principios rectores del transporte, haciendo impracticable la fórmula de la eficiencia cuando se habla de tarifas de transporte en el artículo 29,  Ley 336/96 o Estatuto Nacional del Transporte, donde indica que,  “….al Ministerio de Transporte le corresponde formular la Política y fijar los criterios a tener en cuenta para la directa, entrada o libre fijación de las tarifas en cada uno de los modos de transporte…”.  Lo anterior da cabida al  manejo político o amañado de las tarifas de transporte, siendo que en su definición, el transporte es “…el trabajo de movilizar una tonelada mercancías a lo largo de un kilómetro de distancia”;  este trabajo  por tanto, debe tener implícito todo un concepto gerencial que obligatoriamente debe adquirir y utilizar el  transportador  para lograr los niveles de eficiencia requeridos.

El contenido del artículo 30 del Estatuto Nacional de Transporte, nos lleva mas lejos en el sentido de  proteger al transportador ineficiente cuando dice que: “… las autoridades competentes, según el caso, elaborarán los estudios de costos que servirán de base para el establecimiento de las tarifas…”. Así las cosas, cualquier intento del empresario competente se torna ineficaz y se vuelve reduccionista el ejercicio de la actividad  transportadora, desestimulando la racionalización y la eficiencia,  auspiciando aun más las prácticas tradicionales de desperdicio y  gestión mediocre de la capacidad transportadora. Valdría la pena establecer la contribución real del  SICE  a la competitividad del transporte de carga e Colombia.

El Estado debe dejar de lado el proteccionismo y permitir a cambio que los empresarios fortalezcan su capacidad estratégica, fluya la inteligencia, se utilice talento humano preparado para la gestión eficaz y eficiente  de la actividad transportadora, que armonice con  la dinámica  de la economía mundial y el proceso de globalización.

Los acuerdos de libre comercio nos permiten adquirir bienes y servicios a menores precios y venderlos en mejores condiciones. Así mismo, incrementan el bienestar de la sociedad a través del disfrute de menores precios, mejor calidad y mayor variedad de bienes y servicios en su propio mercado.

La reforma de los dos artículos arriba mencionados del Estatuto Nacional de Transporte, debe ser realizada de inmediato por el Congreso de la República en la próxima legislatura para conseguir los propósitos de crecimiento económico de Colombia,  en condiciones de equidad donde prevalezca el bienestar general sobre el particular.  La teoría del comercio internacional sugiere que el libre comercio es deseable puesto que evita que los países incurran en perdidas de eficiencia asociadas a la protección.

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