EL ARTE DE LA EJECUCION EN LA POLITICA DE TRANSPORTE

EL ARTE DE LA EJECUCION EN LA POLITICA DE TRANSPORTE

 

Por:   EDGAR G. CORREA PEREA

Presidente Asociación Colombiana de Ingenieros en Transporte ACIT

transporteyvias@yahoo.es

 

El desarrollo del transporte en Colombia ha venido enmarcado por un fuerte intervencionismo del Estado, pero ha obedecido a criterios coyunturales y/o provisionales y se ha reglamentado a través del tiempo mediante la concertación con  algunos gremios de transportadores, lo que en apariencia indicaría que  en concierto democrático se ha trabajado por el camino del centro para complacer a ciertos sectores, induciendo también la existencia ganadores y perdedores en lo referente a la prestación de los servicios, esto es, a la calidad que de los mismos percibe el usuario de transporte, bien sea este el pasajero o el generador de las mercancías a transportar.

 

Así las cosas, siempre han ganado los gremios empresariales cuya política se caracteriza por el mantenimiento del “statu quo imperante” de una operación que no concibe al cliente o usuario de transporte como el gran beneficiario, sino al afiliador de vehículos. Es la afiliación de vehículos a las empresas lo que provee sus ingresos, de una parte, a través de una cuota o cupo por vehículo ingresado, con la venia de la autoridad competente y por otra parte, al pago de una planilla diaria de despacho o a una comisión por flete al ejecutor de la operación.

 

El cliente del empresario es el Estado que le facilita el proceso de vinculación de vehículos, también lo es el propietario del vehículo afiliado, quien le provee ingresos ya descritos y al final, el cliente del transportador resulta ser el jefe de despachos quien le proporciona la posibilidad de despacho para poder cumplir su función de transportista y percibir ingresos para sobrevivir en condiciones de fuerte competencia  con los demás afiliados; y el que paga el precio del transporte o usuario de mismo, totalmente a merced de un sistema que no lo percibe como cliente y del que recibe servicios de pésima calidad.

 

El Estado ha regulado el mercado de vehículos de transporte público, mas que la operación misma. Los decretos reglamentarios de la Ley 336 de 1996 o Estatuto Nacional de Transporte se limitan a: “…reglamentar la habilitación de las empresas de servicio público terrestre automotor y a la prestación por parte de estas, de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico…”.

 

Los principios del transporte público descritos en el articulo 3 de la Ley 105/93 también destacan que el acceso al transporte  implica según el literal “a” del inciso 1:  “ a)  que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad”. Y en transporte de carga; “…el Gobierno establecerá  los lineamientos para que el transporte de carga se lleve a cabo bajo condiciones de seguridad y eficiencia. Igualmente, no existirán restricciones para rutas y frecuencias, estas serán determinadas por el mercado”.

 

En los respectivos decretos reglamentarios de cada modo de transporte se debe establecer que el  Estado facilite las condiciones propicias para prestar  servicios competitivos que promuevan el desarrollo empresarial, hacia esquemas modernos de transporte que satisfagan las necesidades del usuario.  La Política de Transporte debe desarrollarse teniendo en cuenta como principios fundamentales, que el transporte es un trabajo y como tal, debe prestarse mediante una contraprestación económica por parte del usuario, lo  que se traduce en pagar por su movilización a lo largo de una distancia determinada. Esta operación a su vez forma parte de toda una cadena productiva, donde su participación conlleva la optimización de recursos para contribuir en el mejoramiento del nivel de competitividad de toda la cadena.

 

En consecuencia, la reglamentación del transporte de carga por ejemplo, debe tender a minimizar la dispersión en la prestación de los servicios y la gestión de la capacidad transportadora para lograr eficiencias y precios competitivos para el usuario.  Los precios deben obedecer entonces al resultado de la  gestión estratégica de los costos de operación, la rentabilidad sobre la inversión en equipos de transporte y a la oferta y demanda de servicios en los diferentes corredores de transporte.

 

En cuanto al transporte intermunicipal de pasajeros, la reglamentación deberá  liberar  a esta modalidad  de su estancamiento,  proporcionando además de los  servicios básicos, una gama de servicios  diferenciados  para los usuarios, permitiendo a los empresarios ofrecer propuestas de valor segmentadas estratégicamente, desarrollando entonces empresas verdaderamente rentables, con servicios competitivos de alta calidad para el usuario, con libertad de horarios y tarifas por pasajero-kilómetro efectivamente transportado.

 

La reglamentación del transporte turístico debe proporcionar la oportunidad a los empresarios para diseñar propuestas de valor que permitan explotar el potencial del producto turístico colombiano, gestionando dicha propuesta en condiciones de productividad y crecimiento empresarial.  Su reglamentación debe destacarse con respecto a la modalidad de Transporte Especial.

 

En esencia,  el Estado debe dejar de entrometerse en la gestión empresarial y a cambio, gestionar con excelencia la Política de Transporte,  estableciendo requisitos mínimos para la operación de  las flotillas de transporte, como la implementación obligatoria de la norma internacional ISO 9001 y otros sistemas avanzados de gestión empresarial para la concesión  de nuevas rutas y la continuidad en la explotación de las ya adjudicadas, que permitan al empresario realizar una operación eficiente y competitiva mediante el uso de herramientas de gestión integral y en consecuencia,  modernizar el sistema de transporte para optar por  la eficiencia y competitividad de la cadena productiva de transporte, cuyo impacto es relevante para el desarrollo nacional y su participación efectiva en la globalización económica y los convenios internacionales de comercio o TLCs. www.edgarcorrea.co.  

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